La Huelga en la UNAM de 1999-2000 fue una huelga encabezada por estudiantes iniciada el 20 de abril de 1999, en la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios en México. La huelga también contó con el apoyo de buena parte de los investigadores y académicos universitarios; así como de los padres y madres de familia. El motivo lo había dado el entonces rector, Francisco Barnés de Castro, al impulsar una modificación del Reglamento General de Pagos (RGP) que permitiría, entre otros, el cobro de cuotas. Esta propuesta sería retomada por el Consejo Universitario, máxima autoridad de la institución, y aprobada por éste llevando a cabo una estrategia que se los permitiera sin obstrucción alguna de la comunidad universitaria, que en su mayoría ya se manifestaba en contra de las modificaciones mencionadas; lo que les llevó a contravenir la propia legislación universitaria.
El movimiento estudiantil, representado por el recién creado Consejo General de Huelga (CGH), declararía en un comunicado ser garante ?de una de las conquistas más importantes de las luchas revolucionarias de 1910, y de los movimientos estudiantiles de 1929, 1966, 1968, 1987 y 1992 que defendieron y refrendaron este derecho: la gratuidad de la educación?, y demandaría el cumplimiento de un pliego petitorio que, obviamente, pedía la abrogación del RGP; pero, además, exigía la creación de ?un espacio de diálogo y resolución sobre los problemas que enfrenta la Universidad?, el retiro de sanciones y castigos a quienes participarían del movimiento, la recuperación de días de clase invertidos en el movimiento; y dos puntos más que necesitarían de una larga explicación para entenderlos a cabalidad: la anulación de todo tipo de vínculo con el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), a quien se le responsabilizaría de que miles de estudiantes fueran rechazados por la UNAM año con año, y la derogación de las reformas de 1997, que impedían el ?pase automático? y la prioridad en la elección de carrera a quienes llegaban del bachillerato de la UNAM, entre otros aspectos.
A los pocos días de estallada la huelga, las posiciones entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra del movimiento y el CGH se habrían de radicalizar. Por un lado, a favor de la privatización de la educación superior, estarían el entonces todavía rector de la UNAM y algunos ex rectores recientes, así como casi todas las autoridades académicas y administrativas universitarias; el Gobierno federal y los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), y los medios masivos de comunicación, en especial las televisoras privadas. Por otro lado, a favor del derecho a la educación pública y gratuita, estarían madres y padres de familia organizados ya en una asamblea, un número importante de profesores y académicos, comunidades universitarias de otras escuelas del país, organizaciones sociales y movimientos de izquierda, incluyendo al Ejército Popular Revolucionario (EPR), que hizo su aparición a raíz de la masacre de junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); así como algunos medios impresos de comunicación, entre los que destacaría el diario La Jornada.
Corría el mes tercero de la huelga cuando los profesores eméritos Miguel León-Portilla, Héctor Fix Zamudio, Manuel Peimbert, Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Esteva Maraboto, Alfredo López Austin y Alejandro Rossi propondrían suspender la actualización de pagos por servicios directos y llevar el debate sobre la relación entre la UNAM y el CENEVAL, así como los reglamentos de exámenes e inscripciones a ?espacios de discusión y análisis sobre los problemas fundamentales de la Universidad?; es decir, a un Congreso Universitario, en el momento que el CGH manifestara su intención de levantar la huelga. La propuesta sería respaldada por 41 académicos de diversas disciplinas, pero no sucedería igual por parte del CGH, quien la rechazaría rotundamente.
El conflicto se recrudecería con el inicio de las llamadas ?clases extramuros? y con la participación de fuerzas policiacas, tanto del Distrito Federal como del Estado de México. La represión sería entonces el pan de cada día, y de ella participarían lo mismo fuerzas oficiales que ?porros? (suerte de grupos parapoliciales con el apoyo subrepticio de las autoridades universitarias y de los mismos gobiernos locales y federal). La escalada represiva enfrentaría al movimiento y al CGH con el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, a quien los estudiantes declararían persona non grata.
Mientras tanto, al interior del CGH comenzarían también a vivirse algunas divisiones entre lo que pronto se dio en llamar ?moderados? (más inclinados a la negociación y a favor de la propuesta de los eméritos) y ?ultras? (ala más radical, contrarios a la propuesta de los eméritos); ambos términos usados de manera peyorativa.
Para finales del año, el movimiento estudiantil se presentaría cada vez más dividido y con menos apoyos de la sociedad civil y la izquierda partidista. Por su parte, a Barnés de Castro no le iría mucho mejor: la noche del 12 de noviembre presentaría su renuncia y sería reemplazado por el hasta ese momento secretario de Salud de Ernesto Zedillo, Juan Ramón De la Fuente. Sin embargo, los cambios no ayudarían de mucho, pues el 11 de diciembre la represión subiría de tono y serían detenidos 98 estudiantes que habían participado en una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos, reivindicando las protestas en Seattle contra la Organización Mundial de Comercio.
El 2000, año electoral, traería consigo la fragmentación del movimiento y su arrinconamiento, que vendrían de la mano de un plebiscito convocado por parte de Rectoría para pulsar la opinión de la comunidad universitaria respecto a la llamada ?Propuesta Institucional?, del mismo rector, ofreciendo dejar sin efecto el RGP aprobado en 1999; la realización del Congreso Universitario, donde se analizaría y definiría lo relativo a los reglamentos generales de inscripciones y exámenes, aprobados en 1997, así como la relación entre la UNAM y el CENEVAL; la regularización de todas las situaciones escolares, y que las autoridades universitarias gestionarían en el ámbito de su competencia el retiro de actas en contra de universitarios participantes en el movimiento... a cambio de que el CGH levantara la huelga.
Diversas voces, entre las que se encontraban personalidades del ámbito cultural como Sealtiel Alatriste, Homero Aridjis, Alí Chumacero, José Ramón Enríquez, Carlos Fuentes, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Ignacio Solares, Joaquin Ramon Xirau, Sara Sefchovick, entre otras, se expresaron a favor del plebiscito e hicieron un llamado al CGH a aceptar sus resultados, pues, decían, el movimiento ya había ganado y de no levantar la huelga podría perderse incluso la propia Universidad.
El Consejo General de Huelga no aceptaría como válidos los resultados del plebiscito, donde entre ocho y nueve de cada diez participantes estaría a favor de que la huelga se resolviera a partir de la ?Propuesta Institucional? de Rectoría, y llamaría al ejercicio ?el gran fraude plebiscitario?. Aún así, estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y 20 escuelas más, todos identificados con el ala menos radical, harían entrega de sus instalaciones a Rectoría.
La carta de intelectuales validando de algún modo el plebiscito y la entrega de instalaciones por parte de los llamados ?moderados?, fue visto por el Gobierno federal como un espaldarazo para la intervención militar y la madrugada del 6 de febrero de 2000, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) irrumpirían en la máxima casa de estudios violentando la autonomía universitaria y detendrían a poco más de 700 activistas en una acción que mucho tendría de operativo militar. No sería sino hasta el 23 de abril, que los 3 mil 100 elementos de la PFP que patrullaron Ciudad Universitaria desde el mes de febrero abandonarían las instalaciones para dar paso al reinicio de las actividades académicas y administrativas.
